El derecho a una vivienda digna no debería generar ningún debate ¿Por qué? Pues porque lo dice la Constitución, que también habla de no sé qué derecho al trabajo. A no ser que la Constitución solo nos la creamos para ciertos asuntos. Vaya por Dios, como la Historia, que solo es revisable cuando el capítulo en cuestión sirve para ganar unos votos

Díaz Ayuso abrió la veda en Telemadrid: "Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico". Se refería al hospital de Valdebebas. Una cosa es poner tochos a destajo, montar hospitales como si fueran legos, y otra, muy distinta, contratar sanitarios. Con los que hay, vamos tirando. Se retocan los turnos. Se sobrecarga al personal. Y punto. Se llama reorganización. 

Luego vino José Luis Ábalos, ministro de Transportes y Agenda Urbana, para continuar el show de los despropósitos con el tema de los desahucios: "En teoría, no están permitidos" (una versión muy libre del típico no me consta), mientras una familia con cuatro menores se quedaba en la calle en Carabanchel. Y otra en Fuenlabrada, con una abuela de 82 años. Entonces, ¿qué hay de todo aquello de "la suspensión de lanzamientos"? La parte contratante de la primera parte, o sea, el gobierno, responde: los desahucios están suspendidos, efectivamente, hasta el 31 de enero, pero solo en aquellos casos donde se contemple vulnerabilidad a causa del covid. El resto (eso es, cualquiera que fuera pobre antes del 14 de marzo), que se busque la vida. Al menos, hasta que se revise el asunto, ya si eso, el próximo año.

Y todo, mientras el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el órgano que vela por la Ley de Transparencia, acaba de acusar al Ministerio de Sanidad de "hacer una gestión opaca de la crisis del coronavirus" durante el estado de alarma. Sí, ya sé que son temas distintos, que no tienen nada que ver el uno con el otro y, sin embargo, estamos hablando de lo mismo, de la poca gracia que tienen los políticos cuando se salen del monólogo. 

Dicho lo cual, entramos en materia. El asunto de la vivienda es especialmente grave porque la crisis no ha hecho más que enseñar la patita. Si tomamos como referencia Estados Unidos, en 2011, el New York Times publicaba una cifra escandalosa, más de un millón de viviendas embargadas. Y su consecuencia: un 24% de aumento en la venta de caravanas. Lo retrata una de las películas del año, Nomadland, de la directora Chloé Zhao, León de Oro en Venecia. Es la adaptación cinematográfica de País nómada (Capitán Swing) de la periodista Jessica Bruder. Durante tres años, Bruder se unió a los nuevos nómadas, gente que vive en furgonetas para realizar trabajos temporales muy mal pagados a cambio de un lugar donde aparcar. A menudo, son personas mayores, con pensiones irrisorias, que se ven obligadas a trabajar para empresas como Amazon. Tal y como explica la propia autora, en una entrevista en La Vanguardia, las jornadas son tan duras que adormecen la mente, como si "hubieras sufrido una lobotomia". Para describirlo, los trabajadores han acuñado el término amazombis. Entre tanto descontento, por cierto, llegó Trump, que todavía no se ha ido. 

Puede que ese sea el futuro que nos espera, heredar una plaza de parking en usufructo. O un presidente con el tupé revuelto. Cualquier cosa mientras confundimos el derecho a la vivienda con la okupación ilegal a manos de ciertas mafias. Y así se zanja el asunto. Nada de hablar de los cerca de tres millones de viviendas vacías que hay en España. ¿Para qué? Pues porque lo dice la Constitución, que también habla de no sé qué derecho al trabajo, pero exigir que se cumplan dos puntos de la Constitución en el mismo artículo me parece un exceso democrático. El derecho a una vivienda digna no debería generar ningún debate. A no ser que la Constitución solo nos la creamos para ciertos asuntos. Vaya por Dios, como la Historia, que solo es revisable cuando el capítulo en cuestión sirve para ganar unos votos.